Las comunidades autónomas también se oponen a la prescripción enfermera

La mayoría de los gobiernos autonómicos españoles se han posicionado claramente contra la prescripción enfermera impuesta por el Gobierno popular en funciones a finales de 2015.

Argumentan que la cadena de consecuencias negativas que ha generado la norma está suponiendo un lastre para el desarrollo operativo de los servicios sanitarios en las autonomías. 12 de las 19 comunidades autónomas con competencias sanitarias están en contra de la normativa.

En las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad ha reconocido, además, que la ley puede crear problemas en el día a día de la gestión sanitaria, aunque su titular, Alfonso Alonso, también ha manifestado la intención de su equipo de no derogarla bajo ninguna circunstancia.

El cualquier caso, los representantes de la Administración sanitaria del Estado  creen que la letra del real decreto de prescripción enfermera representa un marco de relaciones interprofesionales adecuado para resolver los conflictos que pudieran producirse entre médicos y enfermeros.

La prescripción enfermera representa uno de los temas más controvertidos en relación a la praxis profesional de Enfermería de las últimas décadas. En esencia, el real decreto de diciembre de 2015 que introducía esta condición de trabajo en las prácticas asistenciales recoge que ningún enfermero podrá usar, ni tampoco indicar, ningún medicamento que se halle sujeto a prescripción médica. (Visto en Tuindemnizacion.com)

Cambio de última hora

La medida, según los colectivos de Enfermería, supuso un cambio de última hora del articulado presentado previamente y aprobado por unanimidad por la mayoría de las comunidades autónomas, por el Consejo de Estado y por los representantes de Enfermería adscritos a la Mesa de la Profesión Enfermera. El borrador previo presentado a los agentes sanitarios también había sido avalado por los partidos políticos.

El motivo de la controversia es el artículo 3 del real decreto impidió, desde ese momento, que los enfermeros pudieran prescribir medicamentos de uso habitual contra la práctica común de la Sanidad Española.

Posteriormente, las comunidades autónomas también han venido mostrando su disconformidad a la exclusividad médica de la prescripción médica en distintos foros de Sanidad.

El decreto impide que los enfermeros puedan tomar decisiones sobre cualquier medicamento, obligando a que sea el médico el que deba realizar un diagnóstico, determinar el tipo de prescripción y también elegir qué protocolo se va a seguir en cada caso.

Los enfermeros se quejan de que este proceso extraordinariamente burocratizado se puede repetir infinidad de veces ante las más mínimas variaciones del estado de cada paciente. Haciendo que éste tenga que acudir una y otra vez a su médico para realizar el seguimiento de la prescripción y de la dolencia.

Pólizas de seguros

Por otro lado, al hilo de estos cambios, el intrusismo profesional dejará de estar cubierto con pólizas de seguros de responsabilidad civil como hasta ahora que corrían a cargo de la Administración sanitaria. Algo que representa un ahorro en tiempos de crisis económica como los actuales, pero que, para los representantes de Enfermería, no resulta de recibo para justificar la ley.

Si un enfermero tomara la decisión de prescribir algún fármaco, por sencillo e inocuo que sea, podría incurrir en el delito de intrusismo profesional. El real decreto da cobertura legal a esta situación.

Si hasta ahora las prescripciones habituales se resolvían de manera flexible y de forma rápida, el nuevo sistema recarga el trabajo de los médicos e indirectamente el de la Administración sanitaria de las comunidades, en tanto que son las gestoras últimas de los servicios sanitarios.

La prescripción enfermera es uno de los asuntos sanitarios que los partidos emergentes han anunciado que derogarán si tienen la oportunidad de formar gobierno. La norma, en cualquier caso, ha estado presente en el desacuerdo programático de estos partidos con el Gobierno popular y en las negociaciones para formar gobierno. El debate sobre esta controvertida ley tendrá nuevas ediciones en el futuro.